Redacción | Desde el Caribe |
La medición se realizó bajo una metodología que integra no solo los ingresos económicos, sino también el acceso a derechos sociales como vivienda, salud, educación y alimentación, lo que se conoce como pobreza multidimensional.
En 2024, las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional fueron Chiapas, con 66 por ciento; Guerrero, con 58.1 por ciento; Oaxaca, con 51.6 por ciento; Veracruz, con 44.5 por ciento; y Puebla, con 43.4 por ciento. En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California, con 9.9 por ciento; Baja California Sur, con 10.2 por ciento; Nuevo León, con 10.6 por ciento; Coahuila, con 12.4 por ciento; y Sonora, con 14.1 por ciento.
En el tramo final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las cifras oficiales del Inegi colocan un logro innegable, 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza entre 2018 y 2024. El país pasó de tener 51.9 millones de personas en esta condición al inicio del sexenio, a 38.5 millones en su último año, equivalente al 29.5% de la población.
El Ejecutivo puede presumir que la tendencia de reducción fue constante, con 8.31 millones de personas saliendo de la pobreza tan solo entre 2022 y 2024. Sin embargo, los datos también muestran que este avance convive con un país profundamente desigual, mientras estados como Baja California, Nuevo León y Coahuila exhiben los menores niveles de pobreza, Chiapas, Guerrero y Oaxaca mantienen índices alarmantes que superan el 50% de su población.
En materia de pobreza extrema, el retroceso fue más modesto: de 8.7 millones en 2018 a siete millones en 2024. No obstante, las carencias promedio de este sector no disminuyeron, lo que evidencia que salir de la estadística no siempre implica una mejora integral en la calidad de vida.
El talón de Aquiles de la administración lopezobradorista aparece en las carencias sociales. A pesar de los programas de bienestar, el rezago educativo aumentó y el acceso a servicios de salud sufrió un deterioro sin precedentes, pasando de 20.1 a 44.5 millones de personas sin atención garantizada.
Las cifras del Inegi que ahora asume la medición oficial de la pobreza tras la desaparición del Coneval confirman que el gobierno logró avances en ingresos y reducción estadística de la pobreza. Pero también dejan claro que la llamada “Cuarta Transformación” enfrenta un reto mayúsculo: garantizar que el bienestar prometido no se quede en el papel, sino que se traduzca en derechos efectivos y duraderos para todos.
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