Redacción | Desde el Caribe |
¡Increíble pero cierto! En México ya no hacen falta ficciones para retratar lo absurdo; un hombre acusado de abuso sexual infantil ha sido electo juez mixto del distrito judicial de Poza Rica, mientras permanece en prisión preventiva.
Se trata de Héctor Ulises Orduña Hernández, quien enfrenta cargos gravísimos por presuntamente abusar de su sobrina menor de edad. A pesar de estar privado de su libertad, obtuvo 44,221 votos en la pasada elección judicial, según datos del Instituto Nacional Electoral . “Estamos analizando si anular el triunfo." INE
¿Perdón? ¿Analizando? ¿No debería ser una decisión inmediata y tajante?
¿No merecen las víctimas un mensaje claro de que la justicia no se tuerce ni se negocia?
Aquí no hay margen para tecnicismos legales. Lo que hay es un vacío ético monumental. Una señal inequívoca de que los filtros más elementales del sistema judicial están rotos, o simplemente no existen.
¿Dónde estaban los controles? ¿Nadie verificó los antecedentes del candidato?
¿Nadie del órgano electoral o del Poder Judicial revisó que este individuo estaba en la cárcel por un delito que, por su naturaleza, lo inhabilita moral y legalmente para juzgar a otros? Peor aún: ¿cuántos más pasaron por este proceso sin el más mínimo escrutinio?
Esto no es un accidente. Es el resultado de una cadena de omisiones, de negligencia institucional, de un sistema que opera como si la ética fuera opcional. Un sistema que revictimiza, que banaliza el dolor, y que termina erosionando por completo la ya frágil confianza ciudadana.
Paradójicamente, entre las propuestas de campaña de Orduña destacan ideas sobre transparencia, control de jueces y cercanía social:
. “Que todos los jueces sean sometidos a exámenes de polígrafo, antidoping, estudios psicométricos, socioeconómicos y psicológicos cada dos años.”
.“Que los jueces tengan una conciencia moral y social sólida.”
.“Que se realicen brigadas en colonias para educar sobre derechos.”
Discursos bien escritos. Bien intencionados. Pero completamente vacíos si quienes los enuncian son incapaces de demostrar con su vida personal lo que exigen en lo público.
El Poder Ejecutivo lo propuso, el INE lo permitió, y ahora todos se lavan las manos.
Mientras el Congreso guarda silencio y el Ejecutivo sonríe para las cámaras, el Poder Judicial se desmorona por dentro. La indignación ya no basta; lo que vemos es un proceso avanzado de descomposición institucional.
Y esta elección debe ser revisada con urgencia. No por presión mediática. No por quedar bien. Sino por respeto a la justicia, a la infancia, y a los principios más básicos de una sociedad que no puede permitir que un presunto agresor de menores ocupe un estrado. No. No podemos normalizar lo inadmisible.
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