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"PRIVASIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD" O "SECUESTRO EXPRES" A DOS COMUNICADORES EN FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.
Artículo 364
Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa:
I.- Al particular que prive a otro de su libertad. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará de un mes más por cada día.
La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.
Comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión
dos reporteros documentaron lo insalubre y las pésimas condiciones en la que labora el rastro municipal ante múltiples denuncias ciudadanas, sin embargo al tratar de retirarse del lugar, el coordinador Joel Alberto Batun Chuc, ordenó a los trabajadores a cerrar con candado el portón para impedir que los comunicadores salieran del lugar, a menos que borraran los videos y fotos que evidenciaban dicha deficiencia en la salubridad donde se sacrificaban animales de corral.
Por varios minutos los reporteros insistieron con recuperar su
libertad hasta que recibieron una llamada telefónica por parte de Raziel
Velazques, secretario privado de la presidenta municipal, quien de la misma
manera les dijo que la condición para que el coordinador los dejara libres, era
borrar el video y fotos que habían documentado momentos antes.
Fue necesaria la intervención
de la Policía Municipal en el rastro para que dejaran libres a los dos
reporteros, pero de la misma manera el comandante Baltazar recomendó a los
periodistas a eliminar el video de su dispositivo móvil, sin embargo ante la
presión de los medios de comunicación fueron liberados tiempos después, por lo
que ambos acudieron a interponer su demanda ante la Fiscalía General del Estado
por el delito de Privación de la Libertad.
Así mismo este hecho atrajo la atención de la Fiscalía
Especializada en Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la FGR,
quienes tomarán el caso e investigarán a los funcionarios públicos involucrados
en este hecho de acuerdo a la ley, mientras los periodistas aseguran que no
solo violentaron sus derechos sino que los servidores públicos incurrieron en
un delito penal que se persigue por oficio.
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