Redacción | Desde el Caribe |
En Salvador Huixcolotla, Puebla, la noche del 2 de noviembre no fue una más. Tres policías municipales entre ellos una joven comandanta fueron emboscados en la carretera federal Puebla-Tehuacán. El ataque fue brutal, fulminante, sin margen para la defensa. Y con él, se derrumbó lo que quedaba de autoridad en un municipio donde hoy, literalmente, ya no hay policías.
Las víctimas fueron identificadas como Roberto Pérez Trinidad, de 45 años; la comandante Yusami Monterrosas Aguilar, de apenas 25; y el oficial Arturo Jiménez, quien murió en el hospital. Según testigos, al menos ocho hombres armados, a bordo de dos camionetas blancas, interceptaron la patrulla y dispararon sin mediar palabra. En la escena quedaron más de 80 casquillos y una manta con amenazas directas a pobladores.
La Fiscalía General del Estado investiga lo ocurrido bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos que operan en la zona, donde el tráfico de combustible y otras actividades ilícitas se entrelazan con la vida cotidiana.
Lo que siguió fue aún más alarmante, tras el ataque, todos los elementos de la Policía Municipal presentaron su renuncia. Ninguno quiso quedarse. El miedo venció al deber, o quizá fue el instinto de supervivencia el que habló por ellos.
El secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que incluso el alcalde de Huixcolotla, Manuel Alejandro Porras Florentino, y su homólogo de Eloxochitlán, Delfino Hernández Hernández, pidieron protección personal tras recibir amenazas de muerte.
La escena describe un fenómeno que se repite en muchos rincones del país, municipios abandonados por sus propias fuerzas del orden, territorios donde el Estado se diluye ante el poder de las armas. Lo ocurrido en Huixcolotla no es sólo un ataque contra tres policías; es un golpe directo al ya frágil equilibrio entre autoridad y criminalidad.
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