La indignación crece en Chetumal. Lo que debió ser un acto de respeto hacia las mascotas se convirtió en una historia de engaño y traición. La empresa "Crematorio para Mascotas Xibalbá" ofrecía cremaciones y entregaba tierra. Tierra en lugar de cenizas. Un fraude que expone la descomposición y la falta total de control por parte de las autoridades.
Hasta ahora hay más de medio centenar de denuncias, pero el número real podría ser mucho mayor. No es un problema comercial, es un agravio moral. La confianza de decenas de familias fue traicionada y las autoridades encargadas de prevenirlo fallaron en silencio.
La ley mexicana no deja espacio a la duda. Para operar un crematorio de mascotas se requieren permisos específicos, federales, estatales y municipales. Y cada uno tiene responsables directos:
1. SEMARNAT: Debe otorgar la Autorización para el Manejo de Residuos Peligrosos (SEMARNAT-07-033-F) y garantizar que se cumpla la NOM-043-SEMARNAT-1993, que regula las emisiones de los hornos.
2. Secretaría de Salud: Exige el permiso sanitario de inhumación y cremación, que avala el manejo adecuado de restos biológicos.
3. PROFECO: Supervisa que los servicios funerarios se ofrezcan conforme a la ley, sin engaños ni abusos.
4. Protección Civil y autoridades municipales: Deben verificar la licencia de funcionamiento, el uso de suelo y las condiciones de seguridad del local.
Con este marco legal, no hay excusa posible. Si Casa Xibalbá operó sin permisos, hubo omisión y negligencia. Si los tenía, hubo complicidad. En cualquier caso, el Estado falló.
Durante meses o quizá años la empresa cobró por un servicio inexistente. No hubo control ambiental ni sanitario. Nadie inspeccionó, nadie preguntó, nadie actuó. Las instituciones reaccionaron solo cuando el escándalo estalló. Como siempre.
Los deudos fueron revictimizados. Confiaron sus mascotas al fuego y recibieron una mentira. Ahora exigen justicia, no discursos. Quieren saber quién permitió que esto pasara y qué funcionarios firmaron sin revisar.
La Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), la SEMARNAT, la Secretaría de Salud, la PROFECO y Protección Civil deben entregar resultados. No basta con decir que se investiga. Hay que mostrar documentos, permisos, fechas y nombres.
Este caso va más allá del fraude. Es una violación múltiple a las leyes ambientales, sanitarias y administrativas. Cada norma ignorada es una herida a la confianza pública.
El caso Casa Xibalbá debe llegar hasta las últimas consecuencias. No puede archivarse cuando se apague el ruido mediático. La ley fue burlada y el dolor fue convertido en negocio.
Si las instituciones no aplican justicia, el mensaje será claro; en Quintana Roo, hasta el duelo se vende y la impunidad se entierra viva.
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