Redacción | Desde el Caribe |
Más de 60 presuntos delincuentes y 4 policías muertos deja el mayor operativo antidrogas de Brasil; con 2,500 agentes desplegados y 80 detenidos, la Policía Civil advierte que las acciones continuarán en las favelas de Río de Janeiro
La política de seguridad implementada en El Salvador bajo el llamado Plan Bukele comienza a trascender fronteras y a influir en las estrategias de otros gobiernos latinoamericanos que buscan recuperar el control de territorios dominados por el crimen organizado. Ya no se trata solo de un modelo nacional, sino de una tendencia Latino Americana, que pone en el centro a las mayorías
de gentes de bien, esa, de clase honesta, trabajadora, y no a la minoría que vive del delito.
El ejemplo más reciente se vivió en Brasil, donde el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ordenó un operativo sin precedentes contra el Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa del país. Más de 2,500 agentes participaron en una intervención con el único fin, desarticular a la cúpula de una red que durante años impuso su ley en las favelas cariocas, extendiendo su poder desde Río de Janeiro hasta la Amazonía.
El despliegue dejó una imagen clara, los Estados de la comarca comienzan a responder con firmeza a la exigencia social de vivir en paz y sin miedo. Si bien la operación fue catalogada como la más letal en la historia de Río de Janeiro, el mensaje político es contundente; no se puede proteger a las mayorías sin enfrentar a quienes son minoría y las mantienen sometidas.
El Plan Bukele ha demostrado que la seguridad puede convertirse en una bandera de justicia social cuando se ejecuta con la convicción de que la libertad de millones no puede estar subordinada a los privilegios de unos pocos delincuentes. De ahí que los ecos de su estrategia basada en control territorial, inteligencia, tecnología y coordinación policial, hoy resuenen en países donde la violencia parecía una condena inevitable.
Latinoamérica, cansada de décadas de impunidad y del poder paralelo de grupos delincuenciales y de las pandillas, empieza a redefinir el concepto de soberanía interna. La prioridad ya no es negociar con el crimen, sino recuperar el Estado para los ciudadanos.
La línea es clara; mientras algunos critican la dureza del modelo, los resultados en materia de seguridad tiene como objetico la reducción del delito y recuperación del orden público que hablan por sí solos. Los Estados en las zona observa y avanza, cada vez con más decisión, hacia una política de seguridad que privilegia el bienestar de la gran mayoría sobre los derechos de una minoría delincuencial que, durante años, sometió y dictó las reglas del miedo.
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