CONTRALORÍA DE QUINTANA ROO VINCULA A PROCESO A CINCO FUNCIONARIAS PÚBLICAS; INFILTRADAS EN PROGRAMAS SOCIALES PARA MUJERES EN POBREZA.








La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Quintana Roo ha informado que por instrucción del Ejecutivo, se ha iniciado una investigación sobre el registro de servidores públicos que no son sujetos de los programas sociales que están destinados a la población más vulnerable.

La dependencia dio a conocer que como primera medida se han dado de baja de manera inmediata de los programas sociales y se han separado de sus cargos en la estructura de Gobierno aquellas personas que incurrieron en dicha falta. 


Adicional a esto, se ha iniciado una auditoría profunda desde esta Secretaría para garantizar que los programas sean aprovechados por el sector al que va dirigido. 

Informó que el Gobierno tiene la encomienda de cuidar los recursos del pueblo para que se destinen hacia las personas que menos tienen.

Añadió la Contraloría que trabaja en la investigación y en caso de encontrar algún otro caso, se procederá de la misma manera y se estará informando de los avances de esta auditoría.

Esta semana, la gobernadora Mara Lezama ordenó una investigación contra Rosario de los Ángeles Abán Mukul, subsecretaria de Desarrollo Humano de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo, luego de detectarse que se encontraba inscrita en el programa “Mujer es Vida”, pese a tener un sueldo de 38 mil pesos mensuales.

Posteriormente, fue descubierta Breya Hodich Alcocer, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) en José María Morelos, como beneficiaria del programa “Mujer es Poder”, dirigido a mujeres en condición vulnerable.

Este jueves se detectó igualmente que Neri Deyanira Martínez Martínez, ex regidora del municipio de Solidaridad, se había adjudicado una tarjeta del programa "Mujer es Vida". Ella es hija de Deyanira Martínez, actual miembro del Partido Verde y ex titular de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana durante la pasada administración municipal. 

Otras funcionarias de Gobierno cachadas en la desleal operación fueron Yeceña Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario en la zona norte y Ana Luisa Chávez Mah Eng, jefa de Departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social.

Todas ellas están sujetas a investigación por parte de la Contraloría estatal y han sido separadas ya de sus cargos.

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