Redacción/HechosdelCaribe.
El despido de cerca de 200 trabajadores del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (OPB) se ha convertido en un escándalo que pone en evidencia no solo la falta de transparencia en las decisiones administrativas de la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández, sino también las dinámicas de poder en las estructuras locales de gobierno, muchas veces subordinadas a intereses políticos más amplios.
Este tipo de movimientos no son inéditos en la política municipal, pero lo que destaca en este caso es la estrategia de coacción y manipulación con la que se operó. Según los testimonios de los trabajadores afectados, el despido no solo se justificó en un cambio de administración, sino que fue precedido de presiones para mostrar lealtad política a través del apoyo en redes sociales a la figura de Yensunni Martínez. Este tipo de prácticas recuerda a las estructuras clientelares que, bajo la apariencia de una administración formal, exigen a los trabajadores no solo su desempeño laboral, sino también su participación activa en la propaganda política.
El punto de quiebre llegó cuando los trabajadores fueron obligados a firmar renuncias bajo el argumento de cumplir con un trámite burocrático. Esto, que en un principio se presentó como una formalidad, se reveló posteriormente como un plan para ejecutar despidos masivos, afectando a empleados que habían desempeñado funciones durante años, muchos de ellos con antigüedad de hasta dos décadas. La indignación de los trabajadores no solo radica en la pérdida de su empleo, sino en la forma en que fueron engañados para facilitar su salida.
El rol del director de recursos humanos, Humberto Jairo Rogel Moreno, también resulta clave en este análisis. Su actitud despreciativa y su negativa a escuchar las quejas de los empleados despedidos no solo refuerza la idea de una administración que opera con impunidad, sino que también muestra una falta de sensibilidad frente a la crisis social que estos despidos están generando en la región.
Este episodio ilustra la creciente desconexión entre los gobiernos locales y las demandas sociales de transparencia y justicia laboral. La reacción de los trabajadores al buscar el apoyo de la gobernadora Mara Lezama pone en evidencia la debilidad de la figura de la presidenta municipal y su dependencia de estructuras superiores del poder político estatal.
Finalmente, el contexto en el que se producen estos despidos también debe considerarse a la luz de la dinámica política de la Cuarta Transformación (4T), que, pese a su discurso de justicia social, se enfrenta a acusaciones de replicar prácticas autoritarias y manipuladoras en los gobiernos locales. La situación de los trabajadores del Ayuntamiento de OPB podría convertirse en un símbolo de las contradicciones de este proyecto político si no se rectifican las decisiones y no se escucha a los afectados.
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