Por Manuel Solís
Chetumal.-En el complejo escenario político de Quintana Roo, la reciente postura del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEQROO), Sergio Avilés Demeneghi, ha avivado el debate sobre la participación de Luis Gamero Barranco en el proceso electoral de 2024.
La posibilidad de una resolución favorable a la impugnación del
subsecretario de gobierno, a pesar de una previa inhabilitación por Violencia Política en Razón de Género, ha generado intensas especulaciones y análisis.
El hecho de que Avilés Demeneghi haya sugerido esperar el proyecto de sentencia de la magistrada Mahogany Acopa Contreras, sin descartar la opción de una resolución favorable, ha suscitado interrogantes sobre los criterios y argumentos que podrían influir en esta decisión. La insistencia de Gamero Barranco en buscar la presidencia de Othón P. Blanco, a pesar de la inhabilitación previa y las resoluciones adversas, añade un elemento de tensión y controversia al panorama electoral regional.
Es crucial recordar que, en octubre de 2023, la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia del órgano local que permitía a Gamero participar en la elección de 2024, sustentando su decisión en la responsabilidad del político en violencia política de género. El resurgimiento de un juicio similar, interpuesto nuevamente por Gamero Barranco en diciembre, plantea un desafío legal y político que podría tener repercusiones significativas en el futuro político de Quintana Roo.
En este contexto, la incertidumbre sobre el desenlace del litigio y las implicaciones de una posible resolución a favor de Gamero Barranco mantienen en vilo a la opinión pública y a los actores políticos del estado. El papel del TEQROO como árbitro de este proceso y la manera en que articule sus argumentos y decisiones serán cruciales para la estabilidad y la legitimidad del sistema electoral regional.
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