Chetumal.-En un giro impactante que sacude los cimientos de la moral política en Chetumal, Yensunni Martínez, la actual presidenta municipal con licencia, se ve envuelta en un escándalo de corrupción al emplear recursos públicos para impulsar su campaña de reelección. En un movimiento audaz que desafía no solo la ética sino también la legalidad, Martínez ha nombrado a Luis Mario Ramírez Campos, director de servicios públicos municipales y aún en funciones, como jefe de seguridad en sus eventos de campaña, sin renunciar a su cargo oficial.
El día 15 de abril, marcó el comienzo de la campaña electoral, y durante un evento público en el que Martínez participó en la colocación de calcomanías de su campaña junto con representantes de los taxistas, se evidenció esta lamentable práctica.
Este flagrante abuso de poder tiene lugar mientras los servicios municipales se encuentran en un estado crítico de abandono, con calles deterioradas, iluminación insuficiente y desechos esparcidos por todas partes. La participación de Ramírez Campos durante su horario laboral personifica la degradación de la integridad administrativa bajo la gestión de Martínez, al tiempo que plantea serias preocupaciones sobre posibles violaciones a normativas electorales fundamentales destinadas a garantizar una competencia justa y transparente.
El malestar y la indignación entre los habitantes de Chetumal no se han hecho esperar, con la población frustrada por la explotación descarada de los fondos y recursos destinados al bienestar público en aras de ambiciones políticas personales. La implicación de Ramírez Campos ha generado críticas feroces y ha suscitado serias interrogantes sobre los límites que Martínez está dispuesta a traspasar para aferrarse al poder.
Desde una perspectiva legal, estos actos podrían constituir violaciones significativas a la ley electoral, según observadores legales y expertos en materia electoral. A pesar de las crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas, la presidenta Martínez ha optado por el silencio, aunque se rumorea que su campaña está reestructurándose en un intento desesperado por mitigar el escándalo.
La comunidad de Chetumal se encuentra al borde de un estallido social, exigiendo respuestas definitivas y acciones correctivas urgentes para preservar la integridad del proceso electoral y restaurar la confianza pública en sus instituciones. Este incidente no solo ensucia la carrera política de Martínez, sino que también pone en tela de juicio la solidez del sistema electoral y administrativo de la ciudad.
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