Como bien es sabido por todos los votantes, esté 2024 el estado mexicano organiza el más grande proceso electoral recurrente en la historia contemporánea, sin duda Quintana Roo no es la excepción donde se elegirán Presidencias Municipales, Cabildos, Diputaciones locales y federales, así como la Presidencia de la República.
Y es ahí donde entramos en materia, para todos los ciudadanos es bien sabido el actuar de los actores políticos con el fin último de posicionar su imagen con propuestas de campaña para persuadir a los votantes de que ellos son la mejor opción, lo que ha llevado a la explotación del tema del agua potable, que ha sido utilizado desde hace muchos años con fines electorales. Los candidatos ofrecen reducir las tarifas o incluso borrar las deudas de los recibos de agua para ganar votos, pero estas promesas son engañosas y no están respaldadas por la ley.
Hoy a menos de seis meses de las elecciones surgen prestidigitadores de la nada, tal es el caso de regidores como Marciano “Chano” Toledo Sánchez, en Playa del Carmen; o como León Lizárraga Cubedo, presidente del Instituto de la Administración Pública de Quintana Roo (IAPQROO), entre otros políticos activos o inactivos, figuras públicas o nuevos aspirantes a algún cargo político, buscando persuadir a los votantes, utilizando como moneda de cambio el “Derecho al agua” como lo marca la constitución política en su artículo 4º, y tomándolo como bandera de lucha por quienes más lo necesitan y los sigan hasta el día de las elecciones con su voto, porque no olvidemos que “en la guerra y en el amor, todo se vale”, más en tiempos electoreros.
Es importante recordar que el cobro del servicio de agua potable se rige por la ley estatal, que toma en cuenta componentes como la energía eléctrica y la Unidad de Medida de Actualización (UMA). De acuerdo al artículo 7 de la "Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales en el estado de Quintana Roo", el monto de las cuotas y tarifas solo se actualiza anualmente en la misma proporción de la UMA publicada por el INEGI.
Por lo tanto, las tarifas en Quintana Roo no se aumentan, solo se actualizan de acuerdo con la ley estatal vigente. Es fundamental que los ciudadanos sean críticos y estén bien informados para no caer en las manipulaciones políticas oportunistas en tiempos electorales. No permitamos que actores políticos vulgares y ambiciosos disfrazados de ovejas con piel de lobo engañen o desinformen al pueblo bueno y sabio para conseguir votos.
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