Redacción/HechosdelCaribe
Bacalar, Q Roo.-El reciente bloqueo de la carretera Bacalar-Limones por parte de habitantes de comunidades rurales como Miguel Hidalgo y Mayabalam, en protesta por las fallas recurrentes en el suministro de energía eléctrica, expone un malestar profundo en las zonas más vulnerables de Quintana Roo. Este incidente, que comenzó a las 19:30 horas, es un reflejo del creciente descontento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, más ampliamente, con la gestión de los servicios públicos en el sur del estado.
Este tipo de movilizaciones no son aisladas; los habitantes han manifestado su frustración tras más de nueve meses de irregularidades en el suministro eléctrico, lo que ha afectado no solo la vida cotidiana, sino también la economía familiar. Electrodomésticos dañados y la pérdida de alimentos, en un contexto donde el calor y la humedad son extremos, agravan la situación. Sin embargo, la CFE continúa emitiendo recibos sin ofrecer compensaciones por los daños causados, alimentando un sentimiento de injusticia entre los afectados.
La tensión en este conflicto se amplifica cuando consideramos las promesas incumplidas en torno a grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya. Los habitantes de estas comunidades esperaban que la finalización de las obras del tren regularizaría los servicios básicos, pero esta expectativa ha quedado insatisfecha. Esto genera una percepción de abandono y marginación, que se manifiesta en acciones radicales como el bloqueo de carreteras, un medio efectivo de presión política y social.
La presencia de la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva (PEP) en el lugar ha evitado que los enfrentamientos entre manifestantes y viajeros escalen, pero su falta de intervención para liberar la carretera refleja el delicado equilibrio entre el mantenimiento del orden y la necesidad de no reprimir una protesta legítima. La situación se complica aún más por la magnitud del bloqueo: filas de más de cinco kilómetros de vehículos varados revelan la gravedad del problema y la falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades.
Recordemos que solo un día antes, se registró otro bloqueo en Huaypix, donde los habitantes también protestaron por los daños causados durante las obras del Tren Maya. Este patrón de protestas evidencia una creciente ola de inconformidad, que podría seguir escalando si no se atienden de manera efectiva las demandas de estas comunidades.
La movilización de estos grupos rurales no solo es una expresión de su desesperación, sino también un mensaje claro de que el abandono institucional puede tener costos políticos significativos. La demanda de la presencia de representantes de la CFE y la exigencia de soluciones inmediatas son indicios de que, en ausencia de respuestas claras, la radicalización de la protesta es un riesgo latente.
El bloqueo de la carretera Bacalar-Limones es, por tanto, un recordatorio de que el desarrollo económico y social no puede basarse solo en grandes proyectos de infraestructura. Se requiere una atención integral que aborde las necesidades básicas de las comunidades y que, sobre todo, se construya a partir de un diálogo constante con sus habitantes. De lo contrario, la desconexión entre el discurso oficial y la realidad local seguirá alimentando el descontento social, con consecuencias impredecibles para la estabilidad.
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